El proyecto de presupuesto para el año
2.007 fue entregado por el
vicepresidente de la República, Luis
Alberto Castiglioni Soria al titular de
la Cámara de Senadores, Enrique González
Quintana, en un acto formal mediante el
cual se pasó al estamento parlamentario
el voluminoso y pormenorizado documento
para su correspondiente estudio y
aprobación.
En el mensaje Nº 534 de fecha 30 de
agosto de 2.006, firmado por el
presidente de la República, Nicanor
Duarte Frutos y el Ministro de Hacienda,
Ernst Bergen, el Poder Ejecutivo
Nacional destaca que el proyecto se
enmarca en una línea de búsqueda
realista de solvencia fiscal sustentable
y creíble que garantice el logro de los
objetivos de la acción del gobierno.
Asimismo enfatiza que el Presupuesto
General de la Nación para el año 2006
expresa la prioridad asignada al
prudente manejo de las finanzas públicas
y a su empleo para garantizar el logro
de una situación económica y financiera
estabilizada, sobre la cual asentar un
crecimiento sostenido en el futuro.
Marco referencial y perspectivas
para el año 2007
El presupuesto que se remite, pone de
manifiesto su importancia fundamental
tanto desde el punto de vista del
control de la gestión que el Gobierno
prevé desarrollar, como de su empleo
como instrumento de la política
económica, señala en sus inicios el
mensaje remitido por el Poder Ejecutivo.
El documento introduce como referencia
el contexto macroeconómico del país,
mencionando que se observa una mejora de
la actividad económica en los últimos
años, una tasa de inflación controlada y
el mantenimiento de la estabilidad
cambiaria; el crecimiento de los
ingresos públicos, particularmente
tributarios, como consecuencia de las
acciones emprendidas por la
Administración Tributaria, la evolución
económica mencionada y el cumplimiento
del servicio de la deuda pública.
Recuerda la necesidad de realizar un
gran esfuerzo de contención de los
gastos primarios. Ello sin perjuicio de
prever la continuación y el
fortalecimiento del gasto social.
En consecuencia, el proyecto se enmarca
en una línea de búsqueda realista de
solvencia fiscal sustentable y creíble
que garantice el logro de los objetivos
de la acción del gobierno.
El proyecto de Ley de Presupuesto
General de la Nación, expresa la
prioridad asignada al prudente manejo de
las finanzas públicas y a su empleo para
garantizar el logro de una situación
económica y financiera estabilizada,
sobre la cual asentar un crecimiento
sostenido en el futuro.
Política Fiscal
Al perfilar el diseño de la política
fiscal en Poder Ejecutivo puntualiza que
desde el inicio del Gobierno, ha tomado
una serie de medidas para asegurar la
disciplina fiscal y reducir el nivel de
endeudamiento. Nuestro enfoque está
contenido en el Acuerdo Stand-by con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) que
se encuentra vigente hasta la
finalización del período constitucional
del presente Gobierno.
"La piedra angular de nuestro marco
económico es el mantenimiento de un
amplio equilibrio fiscal en el mediano
plazo, que nos permita controlar la
carga de la deuda y consecuentemente no
emitir señales inapropiadas a los
agentes económicos. La política fiscal
se orienta a dar continuidad al proceso
de restauración del equilibrio en las
finanzas públicas, derivado del
incremento en los niveles de recaudación
tributaria y la priorización en la
asignación del gasto público. Este
equilibrio, junto con una prudente
gestión de la deuda, creará incentivos
para la inversión privada y el
crecimiento", especifica el mensaje en
la pertinente argumentación.
Reformas estructurales
Este gobierno, en el marco del acuerdo
suscrito con el FMI se ha propuesto un
programa de reformas estructurales
centradas en cuatro áreas principales, a
fin de abordar deficiencias económicas
específicas. Estas áreas son las
siguientes:
Reforma del sector público: los
problemas fiscales del pasado fueron
causados por las deficiencias de las
instituciones fiscales y la adopción de
políticas inadecuadas. Continuaremos con
la reforma fiscal iniciada en el 2004 a
fin de asegurar el logro de nuestros
objetivos fiscales y corregir estas
deficiencias. Esto incluye el
fortalecimiento del marco
presupuestario, la modernización del
marco institucional para la gestión
tributaria y aduanera, el mejoramiento
de los mecanismos de control de gastos,
la reorganización de la administración
pública y una reforma integral de los
sistemas, público y privado, de
jubilación y seguro médico.
Reforma del sector financiero: para
asegurar una asignación eficiente de los
recursos financieros y eliminar las
vulnerabilidades, nos proponemos
reforzar la posición financiera del
Banco Central, mejorar sus operaciones,
modernizar la supervisión bancaria,
fortalecer la reglamentación prudencial,
reforzar los bancos estatales, promover
el mercado de capitales y mejorar el
sistema de pagos.
Programa de promoción del crecimiento:
existen muchos obstáculos para el
crecimiento en diversas áreas, que deben
ser eliminados. Para ello será necesario
mejorar el desempeño de las empresas
públicas, el clima para la inversión, la
productividad del sector agrícola, los
procedimientos de los tribunales civiles
y el funcionamiento del mercado laboral.
Red de protección social: debemos
proteger a los sectores sociales más
vulnerables y mejorar los programas
sociales a fin de mitigar la pobreza.
Para ello, será necesario, entre otras
cosas, reforzar los programas de
asistencia social con vistas a lograr
anticipadamente los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, adoptar una
estrategia de reducción de la pobreza,
focalizar mejor el subsidio al gasoil
mediante una realineación de los precios
internos con los precios internacionales
facilitado por la introducción de un
subsidio al transporte público e
introducir un sistema de transferencias
en efectivo a los grupos más
vulnerables, condicionadas por contratos
explícitos con los beneficiarios.
En cuanto a las reformas de las Empresas
públicas, el documento elaborado por la
Administración Central expresa que
adoptará una estrategia integral para
mejorar la eficiencia, calidad y
cobertura de los servicios públicos. En
base a las auditorias generales de
gestión ya concluidas, se formalizarán
"contratos basados en el logro de
resultados" para la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE),
Petróleos Paraguayos (PETROPAR), la
Industria Nacional del Cemento (INC), la
Compañía Paraguaya de Comunicaciones
(COPACO) y la Empresa de Servicios
Sanitarios del Paraguay (ESSAP).
Los contratos incluirán los indicadores
pertinentes en materia de resultados
financieros y de gestión. Dichos
indicadores serán revisados
trimestralmente por la Secretaría
Técnica de Planificación (STP), que los
publicará con recomendaciones
específicas, a fin de efectuar un
seguimiento de los resultados de las
empresas públicas. Dichos contratos se
pondrán en ejecución a fines de
diciembre de 2.006. En 2.007, la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
(DINAC) y la Administración Nacional de
Navegación y Puertos (ANNP) suscribirán
contratos similares.
Política del gasto social
En cuanto al gasto social que una vez
más será priorizado en el presupuesto
del año 2.007, el presidente Nicanor
Duarte Frutos recuerda en el mensaje
remitido que "a partir de nuestra
llegada al gobierno se ha destinado 10,6
billones de guaraníes a la inversión
social, y los avances logrados en el
combate a la pobreza fueron no solamente
positivos y evidentes, sino también
corroborados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) que ha destacado los avances
conquistados en el campo de la
educación, salud y condiciones de vida
de los paraguayos".
Por eso, el poder administrador para el
ejercicio del año 2007 va a fortalecer
la asignación presupuestaria para dar
continuidad al gasto social, a la
inversión en compra de tierras, en
proyectos productivos, en arraigo de la
población rural a través del Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la
Tierra (INDERT), con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y con la
Secretaría de Acción Social (SAS).
Los resultados de los esfuerzos
orientados en la lucha contra la pobreza
son alentadores, mostrando que por
tercer año consecutivo los indicadores
de pobreza están disminuyendo en el
país. Los datos indican que en el año
2002 el porcentaje de la población
situada por debajo de la línea de la
pobreza era del 46 por ciento, mientras
que en el año 2005, estos niveles se han
reducido a un 38,2 por ciento de la
población.
El informe de las Naciones Unidas sobre
el gasto social "Invertir en la Gente",
señala que el Paraguay está en el camino
para cumplir con los Objetivos del
Milenio. Por ejemplo, en el campo de la
educación se prevé para el año 2008, la
erradicación total del analfabetismo en
el país, que se reducirá a una tasa del
cero por ciento, con la correspondiente
certificación de la UNESCO.
En el campo de la salud pública, el otro
sector privilegiado por la política de
Estado, se destaca que la morbi-mortalidad
infantil se ha ido reduciendo de manera
muy importante en el Paraguay, y que el
acceso de las embarazadas al parto
institucional ha llegado a más del 50
por ciento, que son indicadores
positivos, pero que aún requieren un
importante esfuerzo para alcanzar
niveles que mejoren sustancialmente el
bienestar de la población, destaca la
nota oficial remitida por el Poder
Ejecutivo al Congreso de la Nación.
ha/scs
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Fuente:
www.presidencia.gov.py